Denuncia da licenza urbanística para Infinitas Renovables S.A.
O Secretario de ADEGA-Trasancos, o Delegado en Ferrol da Sociedade Galega de Historia Naturale a Coordinadora do Núcleo Comarcal (bisbarras de Ferrol, Eume e Ortegal) da asociación ecoloxista VERDEGAIA, EXPOÑEN:
Que as entidades ADEGA-Trasancos, Sociedade Galega de Historia Natural-Ferrol, e Verdegaia-Ferrol rexeitan a maneira en que se desenvolveu a tramitación de outorgamento de licenza, polo Concello de Ferrol, a Infinitas Renovables S.A., empresa que pretende instalarse no Porto Exterior de Ferrol, para producir 300.000 Tm anuais de biodiésel, a base de produtos vexetais (aceite de palma africana procedente de Malasia, soia, etc). O Concello outorgou licenza de obra previamente a ser concedida a licenza de apertura, cando segundo a LOUGA (Lei de Ordenación Urbanística), a licenza de apertura obteráse con anterioridade, ou polo menos simultaneamente á licenza urbanística. Baseáronse para isto nunha sentenza do Tribunal Supremo para soster a posibilidade de renuncia ao dereito a ser indemnizado , xa que, segundo o artigo 6.2. do Código Civil, “la exclusión voluntaria de la
ley aplicable y la renuncia a los derechos en ella reconocidos sólo serán válidas cuando no contraríen el interés o el orden público ni perjudiquen a terceros”. Cítase ademais o Decreto 67/2006, de 19 de maio, da lexislación da Comunidade Valenciana, polo que se regula o Regulamento de Ordenación e Xestión Territorial e Urbanística, no que se recolle a posibilidade de, con carácter excepcional, renunciar aos dereitos de indemnización, facéndose constar en instrumento público notarial, ou ante o Secretario do Concello.A nosa denuncia baséase, por un lado, no desacordo de tomar como referencia para este caso a sentenza do Tribunal Supremo citada mais arriba, xa que neste caso, si que se contrariaría o interese público, pois de non outorgarse a licenza de apertura cando xa estiveran realizadas as obras da nova industria repercutiría en danos mediambientais, co agravante de que a obra se vai instalar nas inmediacións do L.I.C. “Costa Ártabra”.Por outro lado, a licenza outorgada baséase nun decreto da lexislación valenciana, que, obviamente, non é de aplicación na Comunidade Autónoma Galega.A sentenza do Tribunal Supremo do 18 de xuño de 1990 dita: “… la licencia de apertura ha de obtenerse con anterioridad o por lo menos simultáneamente a la licencia urbanística, para evitar el gasto innecesario de una construcción en la que no va a resultar posible la actividad que se pretende”. Neste senso, non só hai que ter en conta os custes económicos, senón tamén os ecolóxicos, sobre todo no que se refire a emisións de CO2 e verquidos á ría durante a fase de construción. Estas entidades cuestionan a non obrigatoriedade de someter o proxecto ao Estudo de Impacto Ambiental, así como que non se cumpra coa distancia mínima de 2.000 m con respecto dos núcleos habitables máis próximos, esixibles pola lexislación que rexe as a actividades molestas, insalubres e perigosas. Denuncian tamén que se tivera outorgado a licenza seguindo un procedemento de urxencia, días antes de ter rematado o prazo de presentación de alegacións, motivo polo que non foron atendidas as súas reclamacións. Por outra banda, non queda moi claro no expediente se esta empresa vai ser ubicada na segunda fase do Porto Exterior. Se así fose, non se comprende o trámite de urxencia ao que foi sometida a tramitación do expediente, xa que dita fase aínda non comezou e a construción da industria tería un límite de seis meses despois de serlle outorgada a licenza para o inicio.
Expresadas as nosas razóns, agardamos que se teñan en conta e se investigue, por parte da Consellería, a forma de levar adiante a tramitación da licenza urbanística e se tomen, de ser o caso, as medidas oportunas para restablecer a legalidade. Ferrol, a 26 de decembro de 2007
SR. CONSELLEIRO DE INNOVACIÓN E INDUSTRIASR. CONSELLEIRO DE MEDIO AMBIENTE E DESENVOLVEMENTO SOSTIBEL,SRA. CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTE.
Filed under Conclusións das reunións da Mesa | Comment (0)LA TRAMA DE LOS AGROCARBURANTES EN EL ESTADO ESPAÑOL
La expansión de los agrocombustibles a escala global puede explicarse, en buena medida, por el apoyo que las principales potencias económicas, Europa y EUA, brindan mediante políticas públicas, subvenciones y medidas legislativas. En el Estado español, la Ley 24/1998 del Sector de Hidrocarburos establece el objetivo (obligatorio) de que para 2010, el 5.75% de su consumo energético en transporte proceda de agrocombustibles, acorde con las directivas europeas.Sus defensores argumentan el aumento de la seguridad energética (léase la reducción de la dependencia frente a los países productores de petróleo percibidos como “políticamente inestables”); la preocupación por el calentamiento global, por la hipotética “reducción” de las emisiones de gases con efecto de invernadero (CO2, óxido nitroso, etcétera) y, finalmente, el dar respuesta a la crisis del sector agrario en los países del Centro, que permitiría, dicen, mejorar las condiciones de vida los pobladores de la Periferia al ofrecerles mercados para sus productos agrícolas. Este último argumento se articula con el de los países productores como Brasil: mostrar a los carburantes elaborados con base en la biomasa como solución a la pobreza, el éxodo rural y las desigualdades sociales, al promover el “desarrollo rural”.
El impacto de los agrocarburantes en el mundo rural estará fuertemente determinado por el precio de las materias primas y por el modelo global o local que se imponga en cada región.
Existe un debate sobre las razones del aumento progresivo del precio de los alimentos básicos (pan, por ejemplo): ¿es éste atribuible a la utilización de las producciones agrícolas (maíz, trigo, colza, caña de azúcar, oleaginosas, etcétera) para elaborar agrocombustibles (que actualmente es poco significativa), o se explica por el crecimiento sostenido de la demanda y el estancamiento de la producción mundial?
Independientemente de la explicación, derivar productos alimenticios a combustibles (ante igual comportamiento de la productividad mundial y en el actual modelo de producción a gran escala) tendrá efectos catastróficos en los países en vías de desarrollo, comprometiendo la soberanía alimentaria de millones de personas. Incluso si no se trata de cultivos alimenticios (como es el caso de la jatrofa), el resultado es el mismo pues se desplazan parcelas inicialmente destinadas a la alimentación local. Por otro lado, el aumento de precio de algunas materias primas para la alimentación animal (piensos) eleva el costo de producción de los ganaderos, que si lo trasladan al consumidor no serán los únicos perjudicados.
A modo de ejemplo, consideramos aquí el caso de la implantación de los agrocombustibles en el Estado español, que aspira a incrementar de manera masiva este tipo de producción. Analizamos su capacidad de producción de agrocombustibles y su relación con las hectáreas necesarias para satisfacer localmente la producción. Analizando las redes implicadas identificamos quiénes controlan el negocio.
En el Estado español existen 46 plantas de producción de biodiésel (16 productivas, 19 en construcción y 11 en proyecto) y 4 plantas de bioetanol en actividad [1]. La capacidad de producción de biodiésel es de 670 mil toneladas/año, aunque la producción de 2006 no superó el 19% de la capacidad instalada. A pesar de ello, se prevé triplicar la capacidad productiva en los próximos 2 años, cuando se finalicen las plantas en construcción, hasta aumentar a un 600% con el funcionamiento de las plantas proyectadas. Mientras hoy se producen 41 875 tn/año de media por planta, las plantas en construcción tienen el potencial de producir 103 579 tn/año, y las que están en proyecto rondarían las 185 mil tn/año. La planta proyectada por infinita en Huelva, por ejemplo, podría producir 600 mil tn/año, 4.8 veces más que el conjunto de plantas en 2006.
Si el biodiésel se produjera a partir de colza, se necesitaría usar el 10% de las tierras cultivables del Estado español para atender la demanda que supondría la totalidad de las plantas de biodiésel en pleno funcionamiento. De utilizarse girasol o soja, este porcentaje se duplicaría. La tendencia actual muestra que las materias primas no provendrán de territorio español, sino que la mayoría se importará de Argentina, Brasil, Centroamérica, Indonesia, etcétera, recorriendo miles de kilómetros. Según un informe de Asociación de Productores de Energías Renovables (appa, 2007), la cantidad de oleaginosas requeridas en Europa en 2020 supondría más de 90% de toda la producción comunitaria y por tanto, el abastecimiento de biodiésel sólo será posible recurriendo a la importación del 50% del consumo previsto. El transporte requerido por dicha importación implica aumentar las emisiones de co2 ya que se realiza mediante combustibles fósiles. En el Estado español, el 61% de la producción de biodiésel se exporta a países de la Comunidad Europea, lo que implica aún más consumo de energía fósil, comprometiendo el balance final de emisiones de CO2. La producción de biodiésel en España en 2010 podría duplicar el objetivo marcado por la legislación, lo que parece continuar la tendencia actual.
La producción de bioetanol en 2006 fue de 321 mil toneladas (72% de los agrocombustibles), sobre una capacidad de producción de 441 mil toneladas anuales. Aunque aún no existe ningún proyecto de construir nuevas plantas de bioetanol, dicha capacidad queda muy por debajo de la producción requerida para cumplir los objetivos de la legislación europea —sólo un 32% del objetivo. La mayor parte del bioetanol se destina al consumo interno (75%).
Cabe subrayar una novedosa convergencia entre el sector público y las grandes empresas del sector petrolero, automovilístico, agroalimentario, biotecnológico, energético y financiero. A nivel global, vemos por ejemplo a la petrolera BP asociarse con la biotecnológica DuPont para proveer el mercado británico del biobutanol, o a la semillera Bunge plantearse una alianza con la constructora Acciona para suministrar biodiésel a Repsol YPF.
Observamos por ejemplo que en la planta Bio-Gibraltar se ubican inversiones de Abengoa y Cepsa (de la que la petrolera francesa Total controla 48%, bsch 30% y Unión Fenosa 5%). La planta de Bio-Dosbio se encuentra a cargo de Biocombustibles Castilla y León, participada por Abengoa, y el gigante agroalimentario Ebro Puleva. En el negocio de los agrocarburantes intervienen principalmente grandes corporaciones españolas [2]. A pesar de la gran cantidad de actores, las 5 empresas con mayor volumen de producción de agrocarburantes en el Estado español reunieron en 2006 una cuota conjunta de 88% sobre el total de la producción (DBK, 2007).
Los distintos niveles de gobierno y numerosos centros de investigación públicos y privados son parte del entramado al apoyar la producción de agrocombustibles: la planta Bionet Europa (Reus) tiene participación del Instituto para el Desarrollo Energético (IDEA), l’Institut Català de l’Energia (ICEAN), y socios privados como Agrar Tecknick y Reagra; la planta Idea (Alcalá de Henares) es impulsada por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (idae) y la Universidad Complutense de Madrid; o la planta Biodiésel de Andalucía 2004 sa-vida, proyecto subvencionado al 100% por el gobierno andaluz.
La implementación obligatoria de los agrocarburantes en el sector de transportes, sin disponer de la capacidad de producción local necesaria, ni de disponibilidad de tierras dentro del Estado español para cultivos energéticos, genera la necesidad de importar materia prima (soja, palma aceitera, maíz, etcétera). Una mayor demanda de materia prima implica el desarrollo desmesurado de cultivos energéticos en países en vías de desarrollo, lo que tendrá impactos sociales y ecológicos negativos, pues supone que los países productores incrementen la superficie de cultivo. En diversas regiones esto provocará el avance irremediable de la frontera agropecuaria sobre áreas de incalculable valor biológico y cultural, profundizando, además, los impactos ya conocidos de los monocultivos: el uso desregulado de agroquímicos, el desplazamiento de comunidades indígenas y campesinas, el despoblamiento rural por la concentración de la tierra y la producción de gran escala para exportación.
Todo ello por satisfacer las necesidades energéticas del mundo desarrollado [3], cuando en realidad debería primar la generación de recursos energéticos con materias primas locales, privilegiando la búsqueda de la soberanía energética.
El modelo de implantación de gran escala profundiza el proceso de concentración masiva de riqueza y prioriza la rentabilidad económica de unas pocas empresas por sobre la sustentabilidad social y ambiental de las regiones más vulnerables del planeta. Nos preguntamos entonces cómo pueden acceder los pequeños agricultores y las comunidades rurales a los beneficios de la producción y comercialización de los agrocombustibles cuando la producción, la distribución, la provisión de insumos y la regulación del precio se hallan en manos de las grandes corporaciones y lobbies económicos. Cómo es que gobiernos “de profundos valores democráticos” promueven los biocombustibles, aun sabiendo que en los países productores esto generará profundas desigualdades, exclusión social, pérdida de diversidad, libertades y autonomía. Peor si consideramos que las poblaciones de estos países no tienen ninguna participación en la toma de decisiones que afectarán directamente su modo de vida.
Y en cuanto a la supuesta solución que constituirían los agrocombustibles ante el cambio climático, el modelo agro exportador contribuye en 14% a las emisiones de gases de efecto invernadero y los cambios de uso de suelo (sobre todo la deforestación) representan otros 18% [4]. Por tanto resulta difícil entender que se pretenda mitigar el calentamiento global intensificando dicho modelo para producir agrocarburantes.
Consideramos que producir agrocombustibles en pequeña escala (para autoconsumo, con materias primas que no entren en conflicto con la producción alimentaria o bien provengan del reciclado o del cultivo de tierras degradadas, promovidas por cooperativas o asociaciones de pequeños productores, entre otras características) podría constituir un modelo alternativo viable. En lo inmediato, una respuesta atinada se ubica en políticas que regulen el consumo energético insostenible, mejoren la eficiencia y, de manera general, permitan iniciar un proceso de descrecimiento operando una ruptura con la lógica crematística actual, principal responsable de dichas problemáticas. Proponemos la aplicación de principios de sustentabilidad, dar prioridad a tecnologías que aumenten la productividad de los recursos, en vez de incrementar la cantidad extraída de recursos (Daly, 1997), dar prioridad a tecnologías orientadas a la satisfacción de necesidades básicas y que contribuyan a la reducción de las desigualdades (Vilches y Gil-Pérez, 2003), y aplicar el Principio de Precaución cuando no conocemos las repercusiones económicas, sociales, ambientales e institucionales que una tecnología puede desencadenar en el ámbito local y global. A partir de la noción de justicia ambiental, es que las políticas públicas del Estado español deberían tender a evitar la afectación social y ambiental de las poblaciones de la Periferia, provocada por el uso desproporcionado de los recursos de por sí limitados del planeta por las sociedades del Centro, y las propias empresas españolas. La expansión de varias de ellas ha contado con diferentes mecanismos públicos de apoyo a la internacionalización, a pesar de haber demostrado en los últimos años una auténtica irresponsabilidad social corporativa en sus actuaciones en el Sur [5].
* Rosa Binimelis, Observatori del Deute en la Globalització – Càtedera unesco de Sostenibilidad de la Universitat Politècnica de Catalunya e Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental-Universidad Autónoma de Barcelona.
Mónica Vargas, Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental-Universidad Autónoma de Barcelona.
Alejandro Jurado, Instituto de Gobierno y Políticas Publicas-Universidad Autónoma de Barcelona
Publicado en Revista Biodiversidad en España
http://www.grain.org/biodiversidad/
Notas
[1] Ver páginas web de las empresas productoras. Se puede encontrar un listado parcial en: www.biodieselspain.com y www.appa.es. Ver también Ramírez, 2007. Cabe destacar las dificultades que tuvimos en conseguir información sobre la materia prima a partir de la cual dichas empresas producen agrocarburantes.
[2] Base de datos SABI, páginas web de las empresas mencionadas. Éstas y otras empresas de los sectores antes citados realizan fuertes inversiones en agrocarburantes en Latinoamérica, Indonesia y Malasia.
[3] El 14 % de la población (países desarrollados) consume el 50% de la energía mundial.
[4] “Informe Stern: la economía del cambio climático” (http://www.ambientum.com/resumeninformestern.pdf)
Bibliografía
APPA, 2007. Biocarburantes y Desarrollo Sostenible. Mitos y Realidades, Madrid. Disponible online: http://www.appa.es/descargas/Doc_biocarburantes_1309.pdf
DBK, “Biocarburantes”, Informe especial, Madrid, 2007.
Ramírez Copeiro del Villar, J., “Principals aspectes del mercat espanyol del Biodièsel”. Ponencia en las III Jornadas del Biodiésel. Asociación Catalana del Biodiésel.
Daly H. (1991) Steady-State Economics (Washington dc, Island Press). Vilches, A. y Gil-Pérez, d. (2003). Construyamos un futuro sostenible. Diálogos de supervivencia. Madrid: Cambridge University Press. Capítulo 12.
Filed under Agrocombustibeis no Mundo | Comment (0)LA NUEVA CO2LONIZACION
La aparición de los biocombustibles -que deberíamos denominar simplemente agrocombustibles porque poco tienen de bio- en la escena agrícola, se nos presenta como la responsable directa de los aumentos de precios de los cereales y, por lo tanto, de muchos de los productos de alimentación básicos: pan, carne, leche y huevos. Un análisis detenido muestra que, sin ser inocuos en este sentido, su incidencia a día de hoy es relativamente baja. Porque las razones de la subida de precios de los cereales, en una agricultura globalizada, las encontramos lógicamente en el contexto mundial. La demanda de cereales que ha aumentado en los países asiáticos por la expansión de su ganadería, las sequías en el norte de Europa que disminuyeron su producción de cereales, las equivocadas reformas de la Política Agraria Europea que han desincentivado su producción, y finalmente la dedicación de tierras para cultivar agrocombustibles, constituyen el paquete completo de razones del aumento del precio de los cereales. En definitiva cualquiera de ellas (también los agrocombustibles) revela los peligros de dejar al mercado y a la especulación a los mandos de la agricultura. En nuestro caso, la Unión Europea no cuenta ya con mecanismos para evitar estas situaciones y que garanticen una autosuficiencia alimentaria y precios justos para la gente que vive del campo. Aunque la subida del precio de los cereales llega como agua bendita al campo, en realidad sólo sitúa temporalmente el precio en el precio justo que debe compensar los gastos y esfuerzos de los agricultores. Por cierto, que los agricultores puedan vender a un precio superior, no significa que eso ocurra y que obtengan mayores beneficios. En algunos lugares los agricultores venden la cosecha a futuro, es decir, lo que producen este año lo tienen ya vendido a las grandes harineras al precio del año pasado y no serán ellos los que disfruten de los mejores márgenes, mientras que a los consumidores el alza de los alimentos nos la repercuten desde ya. Además, el incremento de los precios de los cereales ha provocado en cascada el aumento de los precios de los insumos que requieren los agricultores. Si todos quieren ganar (los oligopolios de las harineras, agroindustria, semilleras, etc.), los que pierden son los pequeños y medianos agricultores y los consumidores. El protagonismo de los biocombustibles tiene una segunda vertiente realmente mucho más alarmante, la expansión de sus cultivos por los países empobrecidos del Sur para satisfacer las necesidades derrochadoras de energía de nuestros países. De la misma manera que en el pasado fue la expansión del Rey Azúcar (como lo denomina Eduardo Galeano) por buena parte de Latinoamérica para cubrir las necesidades de las metrópolis, ahora se repiten y repetirán idénticas situaciones por la expansión de cultivos (caña de azúcar, maíz, soja, palma africana, etc.) que puedan ser destilados en diesel o etanol. Situaciones de explotación de trabajadores, de quema de montes y expansión de la frontera agrícola, de violencia, etc). En la República Dominicana, sembrados entre los latifundios de caña de azúcar se encuentran bateyes (míseras viviendas) de haitianos semiesclavizados, con salarios ínfimos, sin posibilidad económica alguna de cruzar de nuevo la frontera hacía su país, completamente desarraigados. En Brasil, como se ha conocido recientemente, el pasado mes de marzo los Fiscales del Ministerio del Trabajo rescataron 288 trabajadores en situación de esclavitud en São Paulo y 409 en el estado de Mato Grosso en diferentes ingenios que producen etanol. La investigadora del Ministerio del Trabajo, María Cristina Gonzaga, que fue alertada de la situación, describe las condiciones de vida en los cañaverales: “Trabajan sin un registro formal, sin equipos de protección, sin agua o alimentación adecuada, sin acceso a baños y con viviendas muy precarias; además, tienen que pagar por vivienda, por comida, que es muy cara, y necesitan pagar por instrumentos como botas y machetes y, por supuesto, en caso de accidentes de trabajo, que son muchísimos, no reciben el tratamiento adecuado.” La expansión del Rey Azúcar, en tiempos globales, no se concentra sólo en el continente americano, e impregna también con sus empalagosos encantos diferentes zonas africanas y asiáticas. En Uganda, la corporación azucarera Metha, de capital hindú, quiere destruir la reserva forestal Mabira, en la orilla norte del Lago Victoria, morada de 300 especies de aves y de monos poco comunes, con un papel vital en el ecosistema del país, para expandir el cultivo de caña de azúcar para producir más agrocombustibles. Para acabar con este triste viaje, podemos hacer una parada en Indonesia, donde la fiebre del biocombustible ha llevado a una gran expansión de otro monocultivo, la palma aceitera. Indonesia es el tercer país del mundo en superficie de bosque tropical, pero la palma está provocando que estos bosques desaparezcan al brutal ritmo de 3,8 millones de hectáreas al año (casi la superficie total de Catalunya), lo que le coloca también como el tercer país emisor de gases de efecto invernadero debidos a la propia deforestación. El monocultivo de la palma ha afectado, desde los años 90, a 10 millones de personas que vivían directamente de este bosque. Expansión de un Rey perverso, el Rey Biocombustible, que avanza con medidas como la adoptada recientemente por el Gobierno español aprobando para el 2010 la sustitución de un 5.83% de combustible fósil por agrocombustibles. Aunque nos parezcan pequeños, estos porcentajes, que son similares en EEUU y el resto de Europa, obligarán a importar agrocombustibles de cualquier parte del planeta sin tener en cuenta las nefastas repercusiones que tendrá a todos los niveles (costes humanos y ecológicos como hemos visto) y a escala planetaria. El humo del CO2 que todos queremos combatir no nos deja ver el avance de una nueva co2lonizacion.
Gustavo Duch Guillot, VETERINARIOS SIN FRONTERAS
Filed under Agrocombustibeis no Mundo | Comment (1)Presentación
Ola¡¡ hoxe venres 7 de decembro do 2007 iniciamos este blog, feo coma tódolos neonatos, no que irán aparecendo novas sobor a problemática dos agrocombustibeis.
Somos un grupo de persoas de varias asociacións ecoloxistas galegas que estamos preparando unha mesa de debate sobre os agrocombustibeis.
Ferrol
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